Las empresas agilizan el cobro de dividendos y los particulares el de plusvalías, según los asesores fiscales
Hacienda confía en que los límites al pago de beneficios rebajen su pérdida de ingresos. Así ocurre, por ejemplo, ante la pretensión del Ministerio de Hacienda de rebajar del 100% al 95% la exención hoy vigente sobre los dividendos y plusvalías percibidos por las compañías españolas sobre sus filiales y participadas patrias o extranjeras. Un monto libre de tributación del que, de prosperar la reforma, un 5% pasará a ser gravado al 25% del tipo general de Sociedades (si bien se eximirá durante tres años a las firmas que facturen menos de 40 millones de euros). La medida afectará a las 1.739 mayores empresas del país, el 0,12% del total, y busca recaudar 1.520 millones.
Los expertos advierten de que la intervención del mercado de alquiler puede lograr precisamente el efecto contrario al que se persigue.
Según los datos del estudio elaborado por Alquiler Seguro, otras ciudades europeas donde se han aplicado limitaciones a los precios han fracasado en su objetivo, consiguiendo que "estos mercados se hayan tensionado aún más, que la oferta de inmuebles en alquiler se haya mermado considerablemente mientras que la demanda sigue acrecentándose y que aumente la economía sumergida". En Berlín, "la oferta de pisos de alquiler ha caído un 25% en un año y el precio medio del alquiler ha subido un 36% desde que entraran en vigor las primeras medidas en 2015", explica el informe, que apunta que por el contrario "las viviendas a la venta, previas a 2014 a las que afecta la Ley, se ha disparado un 38,8%". En París, tras la abolición de la Ley Alur, los precios de las rentas se dispararon hasta un 25% lo que impulsó al gobierno a poner en marcha la Ley Elan que permite, de nuevo, la regulación del nivel máximo de alquileres y que estará vigente durante cinco años (hasta 2023), momento en el que se evaluará su eficacia.
El Gobierno diseña un impuesto sobre los residuos con el que espera recaudar 861 millones en 2021.
Se incluirá en la futura Ley de residuos y suelos contaminados, y gravará el depósito en vertedero y la incineración con un máximo de 40 euros por tonelada, que se reducirá hasta un 50% si la basura se recoge separadamente. Aún se debe definir cómo se combinará con los cánones y tasas autonómicas sobre la materia, pero debería servir para evitar las sanciones de Bruselas por incumplir la legislación europea.
La justicia ha comenzado a inclinar la balanza del lado de las empresas en su larga controversia con Hacienda sobre la posibilidad de aprovechar las pérdidas sufridas en el pasado para rebajarse el pago del impuesto de sociedades aunque esas bases negativas sean afloradas fuera del plazo reglamentario.
Aunque el fisco se opone, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de Cataluña, la Comunidad Valenciana o Cantabria han comenzado a emitir sentencias coincidentes permitiendo a las compañías aprovechar esa ventaja fiscal aunque no las incluyan en la declaración ordinaria, sino en una posterior o una rectificación de la autoliquidación presentada. Dada la disparidad de criterios, “será el Tribunal Supremo el que finalmente decidirá si la compensación de bases imponibles, debe o no considerarse una opción tributaria”.
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