El descenso de actividad a causa del Covid en un despacho de abogados no es motivo suficiente para justificar un ERTE por fuerza mayor.
Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid en una sentencia en la que recuerda que las tareas que realiza el bufete no se circunscriben únicamente al ámbito procesal (juicios), sino que también abarca labores de asesoramiento o negociación, entre otras.
El tribunal recuerda que, para ejecutar un expediente de regulación temporal por fuerza mayor, la normativa exige la cancelación total de la actividad de la empresa. Un escenario que, no obstante, no se da en este caso. En primer lugar, "porque un despacho puede realizar funciones que van más allá de la actuación procesal", razona. Y segundo, porque la suspensión de plazos procesales establecida en un real decreto de marzo preveía determinadas excepciones.
Los profesionales sanitarios jubilados podrán reincorporarse al servicio activo del sector público y tendrán derecho a percibir al mismo tiempo el salario y el importe de la pensión de jubilación que estuvieran cobrando, incluidos los complementos a mínimos si los cobraran.
Según el Real Decreto de medidas extraordinarias en materia de Seguridad Social publicado ayer, la reincorporación deberá realizarse "a través del nombramiento estatutario correspondiente" a través de la autoridad competente de la comunidad autónoma o por el Ministerio de Defensa en la Red Hospitalaria de la Defensa.
La ministra de Trabajo ha trasladado a la Inspección su intención de reforzar normativamente su actuación para controlar las irregularidades en materia salarial y en los despidos colectivos.
Unos cambios que se ampararán dentro del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021-2023 actualmente en elaboración. Las reformas legales para dotar de una mayor legitimidad jurídica a los inspectores, incluye cambios en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para castigar los incumplimientos salariales. Según otras fuentes, también se podrían plantear modificaciones en la regulación de la jurisdicción de lo social. Eso permitiría, por ejemplo, que los jueces de lo social pidan informes a la Inspección en materias como la modificación sustancial de las condiciones de Trabajo y en lo referente a ERE o Ertes.
España no está preparada para la implantación de la semana laboral de cuatro días.
Es la principal coincidencia de los expertos que valoran el proyecto piloto aprobado por el Gobierno con una dotación de 50 millones de euros como una "ocurrencia". Son muchos los puntos controvertidos de la aplicación de esta medida, pero el principal es que hasta un 42% de las empresas del tejido productivo vería incrementar sus costes laborales de manera automática.
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