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Actualidad Laboral 370

 

 

1.- Los trabajadores en ERTE de rentas bajas serán penalizados con más IRPF.

En concreto, según los datos publicados ayer por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), los trabajadores con ingresos de entre 14.000 y 18.000 euros pagarán más IRPF si quedaron sujetos a un ERTE que aquellos que no lo estuvieron. El mayor coste se da en Baleares, Aragón y Asturias pues Cataluña ha corregido el efecto. Cataluña ha aprobado una reducción que permite eludir el impacto del mayor tipo autonómico que aplica (que no el sobrecoste generalizado en las rentas bajas) para los afectados por ERTE.

 

 

2.- El TSXG aplica la discriminación por apariencia de discapacidad para anular un despido tras un accidente laboral.

Los magistrados consideran acreditado que un empresario de Ourense vulneró la prohibición de discriminar por apariencia de discapacidad al despedir a un empleado el mismo día que sufrió un accidente laboral, tras haberlo visitado en el hospital y comprobar que, aparentemente, sus lesiones no se curarían a corto plazo. La Sala entiende que los hechos objetivos, es decir, el atropello del trabajador por un vehículo que lo lanzó contra la calzada y su traslado de urgencia al hospital, configuran “una apariencia razonable de incapacidad duradera en la persona del trabajador, en el sentido de que sus dolencias no presentaban una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo o que dicha discapacidad podía prolongarse significativamente antes del restablecimiento de esa persona”.

 

 

3.- La propuesta de reforma del régimen de los autónomos del Ministerio contempla hasta 13 tramos diferentes.

Dos de esos 13 podrían situarse por debajo del SMI con cuotas entre los 90 y los 170 euros mensuales, para pasar a un tercer tramo que llegue a los 25.000 euros anuales de ingresos y una cuota mensual cercana a los 288 euros que corresponden a la actual base mínima. Después, se iría de tramo en tramo aumentando progresivamente la cuota. La reforma sería gradual y comenzaría a partir de 2022, fecha para la cual el ministerio ya debería contar con la aprobación de agentes sociales y organizaciones de autónomos. El plan es que exista un periodo de transición aún por determinar. También habría cierta flexibilidad en cuanto al tramo a elegir. La idea es que los autónomos puedan cambiar su tramo de cotización, si así lo desean, en varias ocasiones a lo largo del ejercicio.