La Administración justifica estas entradas por la utilización de algunas empresas de programas informáticos que permiten la manipulación de datos con la finalidad de ocultar sus ventas. Según la AEAT, las actuaciones se han concentrado en sectores de la economía donde los clientes son consumidores finales y donde el medio de pago normalmente utilizado es el efectivo. La presencia de estos dos elementos (consumidores y efectivo) dificulta el control de los ingresos por la Hacienda pública, facilitando así la ocultación de las ventas. Algunos expertos aconsejan al contribuyente tener muy claros sus derechos y estar asesorado por profesionales. “Se trata de un juego que tenemos el deber de respetar, pero si no se está conforme se puede recurrir la decisión judicial y anular los datos recabados de la inspección. De hecho, cada vez son más los empresarios que proceden a la solicitud de recurso”. A veces los indicios son muy débiles y aun así se conceden autorizaciones judiciales”, afirman.
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