El Ejecutivo prevé una reforma integral de IRPF, Patrimonio y Sucesiones en esta década. En primer lugar, el plan contempla que “de aquí a 2030 habrá que” llevar a cabo “una reforma integral de los impuestos sobre la renta, el patrimonio y sucesiones y donaciones”. En este campo, se apuesta por “eliminar los incentivos fiscales” al patrimonio inmobiliario y por elevar la tributación efectiva del capital a umbrales europeos. También se busca reforzar la progresividad del sistema, así como replantear “el papel del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto de sucesiones y donaciones en las Haciendas autonómicas para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad que rige en nuestro país”, a la vez que acentúan el riesgo de despoblación de ciertos territorios.
La entrada en vigor de la normativa que obliga a la doble autentificación en los pagos, principalmente con tarjeta, de las compras que se realizan en internet o por móvil, algo cada día más frecuente, choca con el impulso que el sector financiero quiere dar a la banca online. Son varios los usuarios que tratan de realizar un pago y automáticamente reciben un mensaje a su teléfono que les obliga a hacer determinadas operaciones matemáticas para poder llevar a cabo la operación. Según la Asociación Española Fintech e Insurtech (AEFI), entre enero y febrero de este año, la tasa de clientes que vieron truncados el pago de una adquisición se situó en torno a un 20% de todas las operaciones que se han iniciado, aunque poco a poco estos problemas se van solucionando.
La CE ha recomendado que las empresas puedan trasladar a ejercicios anteriores las pérdidas provocadas por la crisis del coronavirus Covid-19, en la línea de lo que aconsejó el año pasado la Aedaf. En Concreto, Bruselas insta en su Recomendación 2021/801, de 18 de mayo de 2021, a los Estados miembros de la Unión Europea a establecer un enfoque coordinado para el tratamiento de las pérdidas sufridas por las empresas en los ejercicios 2020 y 2021. La Comisión considera que, dadas las circunstancias económicas excepcionales de los años 2020 y 2021 debidas a la pandemia del Covid-19, los Estados miembros deben permitir el traslado de las pérdidas de las empresas como mínimo al ejercicio 2019, si bien pueden ampliar este traslado de pérdidas a los ejercicios 2017 y 2018. Según la Comisión, esta medida otorgaría liquidez adicional a las empresas y beneficiaría en especial a las pymes.
El Congreso de los Diputados ha dado este martes luz verde al proyecto de Ley de Lucha contra el fraude fiscal, normativa, cuya tramitación pasa ahora al Senado. Una de las grandes novedades que lleva implícito este proyecto de ley es el gravamen de los pactos sucesorios, una modalidad de herencia en vida, prebenda que comparten el derecho civil de los gallegos, catalanes y baleares, y que exoneraba de pago hasta ahora cada que se realizaba una de estos pactos, pensados para ayudar a la constitución de una empresa o la compra de una vivienda. Pues bien, el planteamiento de esta ley pasa porque los sucesores de los contribuyentes que escojan esta opción para legar sus bienes sufrirán un incremento en el IRPF.
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