Los asesores fiscales deben empezar a informar a Hacienda de operaciones transfronterizas de sus clientes, empresas y personas físicas, desde hoy, que se cumple un mes de la publicación en el BOE de las Órdenes Ministeriales con los Modelos de declaración de la Ley 10/2020. En concreto, hoy es el primer día hábil para declarar nuevas operaciones. Para que se deba informar de un mecanismo, es preciso que cumpla con las "señas distintivas", con alguno de los indicios de agresividad establecidos en el Anexo IV de la Directiva, lo que no quiere decir que las operaciones sean ilegales o constituyan fraude fiscal. La Aedaf ha recurrido al TS y a la AN la normativa que los obliga a informar de operaciones de planificación fiscal agresiva al considerarla retroactiva y con deficiencias técnicas. Así lo hizo el miércoles con la petición de medidas cautelarísimas, en un intento de paralizar la obligación de declarar, en vigor desde hoy. Al cierre de esta edición, no había respuesta de sendos tribunales, y podría haber novedades hoy o el lunes. La ley que transpone la Directiva, conocida como DAC 6, a juicio de los asesores fiscales contiene muchos defectos técnicos y remisiones a la propia Directiva y establece la citada retroactividad.
El TS establece que la Agencia Tributaria incumple la Ley General Tributaria al encargarse el Departamento de Gestión y no el de Inspección de la comprobación de los regímenes especiales, y dictamina que las actuaciones que haya hecho en este sentido la AEAT quedan anuladas. Cuestiona el control que hace Hacienda de determinados beneficios fiscales de que disfrutan las empresas, en una sentencia que amenaza buena parte de los propios ingresos del Impuesto sobre Sociedades y que impacta incluso en IRPF e IVA. La sentencia del Supremo y sus efectos no se circunscriben a los colegios profesionales ni al resto de entidades que se sitúan en la misma esfera de control que enumera el artículo 9.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a los que afecta directamente.
La reestructuración empresarial es un proceso largo y lleno de complejidad, es necesario abordarlo con garantías legales para que el procedimiento no acabe en los tribunales. Decálogo para no fallar en esta tarea. Un error habitual es que las empresas no diseñan las actuaciones que tienen que acometer para reestructurar su organización de manera global, sino que lo hacen, en muchos casos, de manera parcelada la adopción de diferentes medidas, no sólo de reestructuración, sino también de negociación colectiva. A veces no se realizan valoraciones inadecuadas de la supuesta causa de reestructuración por parte del negocio.
La Agencia Tributaria cruzará los datos de la cotización por ingresos reales, así como data mining y técnicas predictivas para prevenir la economía sumergida en autónomos y pymes. La Agencia Tributaria tiene previsto modernizar sus sistemas y aumentar la plantilla en los próximos años, con el objetivo de trabajar en diversas áreas fiscales. Una de las prioritarias es la lucha contra la economía sumergida en el autoempleo y las microempresas. Así se pone de manifiesto en el Plan Presupuestario del Gobierno. El Ejecutivo señala que el objetivo de estas reformas es que la evolución de las bases imponibles agregadas sea más favorable que la evolución de las magnitudes macroeconómicas agregadas, directamente relacionadas con los ingresos tributarios, como el PIB nominal y la demanda interna. según recoge la nota de la agencia de noticias.
El Gobierno se dispone a ampliar hasta el próximo 31 de agosto la cobertura de préstamos ICO disponible para que los inquilinos puedan hacer frente al pago del alquiler de la vivienda habitual, según confirman a este diario fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La cartera que dirige José Luis Ábalos se encuentra ultimando un real decreto ley que verá la luz en los próximos días, antes de que termine el mes de mayo.
El Gobierno trata de devolver la seguridad jurídica a los registros domiciliarios que hacen los inspectores fiscales, que quedaron limitados por una reciente sentencia del Tribunal Supremo, incluyendo, a través del PSOE, una enmienda que los regule en la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que tramita el Parlamento. Lejos de ver resuelto este agujero legal con dicha actuación, los asesores fiscales alertan ahora de que el planteamiento corre el riesgo de ser inconstitucional. Más allá, el autor del documento defiende que la enmienda supone una reforma de la Ley General Tributaria y la Ley de la Justicia Contencioso-Administrativa que solo refuerza la potestad de la inspección fiscal, sin entrar a regular de plano en qué condiciones puede la administración registrar un domicilio.
