Los trabajadores en ERTE de rentas bajas serán penalizados con más IRPF. En concreto, según los datos publicados ayer por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), los trabajadores con ingresos de entre 14.000 y 18.000 euros pagarán más IRPF si quedaron sujetos a un ERTE que aquellos que no lo estuvieron. El mayor coste se da en Baleares, Aragón y Asturias pues Cataluña ha corregido el efecto. Cataluña ha aprobado una reducción que permite eludir el impacto del mayor tipo autonómico que aplica (que no el sobrecoste generalizado en las rentas bajas) para los afectados por ERTE.
Los autónomos pedirán al Gobierno una revisión de las condiciones del esquema de desgravaciones asociadas a la manutención vigente en el sistema del Reta. Según las cifras que maneja el colectivo, cada año, Hacienda se queda con 1.200 millones de euros en devoluciones de IRPF que deberían recibir los autónomos, pero que se retienen en las arcas de la Agencia Tributaria debido a una interpretación extremadamente rígida de la ley actual. El presidente de UPTA, asegura al respecto que, para los trabajadores autónomos, la justificación de los gastos repercutidos fuera del domicilio o el establecimiento de trabajo supone un esfuerzo en muchas ocasiones "imposible" de realizar a tenor de la documentación minuciosa y específica que solicita Hacienda para desgravar esos gastos.
El euro digital no es una opción, es algo que tenemos que hacer". Así se expresó hace unos días el vicepresidente del Banco Central Europeo, para dejar claro que la virtualización de la divisa comunitaria es un asunto "cada vez más relevante", según indicó en una entrevista difundida en la web de la propia entidad. Por lo pronto, el BCE analiza las "posibles implicaciones para la estabilidad financiera y para la política monetaria" de este tipo de activos que estos días se analizan con lupa y que podrían materializarse en los cuatro próximos años. Pero el tiempo vuela. De hecho, la idea del BCE consiste en que el Parlamento Europeo apruebe el Eurosistema a lo largo del próximo junio para que el experimento comience a tomar forma en 2025.
El TS limita el concepto de liberalidades no deducibles. La sentencia establece que el art. 14.1.e) del Real Decreto Legislativo 4/2004, debe interpretarse en el sentido de que los gastos acreditados y contabilizados no son deducibles cuando constituyan donativos y liberalidades, entendiéndose por tales las disposiciones de significado económico, susceptibles de contabilizarse, realizadas a título gratuito; serán, sin embargo deducibles, aquellas disposiciones -que conceptualmente tengan la consideración de gasto contable y contabilizado- a título gratuito realizadas por relaciones públicas con clientes o proveedores, las que con arreglo a los usos y costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa y las realizadas para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, y todas aquellas que no comprendidas expresamente en esta enumeración respondan a la misma estructura y estén correlacionadas con la actividad empresarial dirigidas a mejorar el resultado empresarial, directa o indirectamente, de presente o de futuro, siempre que no tengan como destinatarios a socios o partícipes.
Ampliado el margen de las comunidades autónomas para incluir más sectores beneficiados en las ayudas del Covid-19. El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, por la que se permite a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla ampliar los sectores y empresas que podrán beneficiarse de la línea de ayudas directas a autónomos y empresas dotado con 7.000 millones de euros. Adicionalmente, se incluye la posibilidad de que las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, de forma excepcional, puedan otorgar ayudas a empresas viables que hayan tenido un resultado negativo en 2019. Finalmente, con el fin de facilitar a las empresas el pago de sus obligaciones de carácter no tributario, se habilita a las Delegaciones de Economía y Hacienda a conceder a las empresas un periodo de carencia de dos años desde la fecha de su vencimiento para el pago de las mismas, y un fraccionamiento posterior de la deuda de hasta dos años.
El Gobierno ha reservado 450 millones de euros del Plan de Recuperación para recuperar las deducciones fiscales estatales por rehabilitación de vivienda, desaparecidas en 2013, y animar a los propietarios particulares a actualizar los inmuebles mejorando su eficiencia energética. La intención del Ministerio es mejorar el marco fiscal de la actividad de rehabilitación para los particulares, que albergan la mayor parte de las mejoras que se realicen, de ahí que la deducción se hará sobre el IRPF.
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