La batalla contra la cláusula de salvaguarda del empleo, que exige que las empresas acogidas a un ERTE no puedan despedir hasta transcurridos seis meses desde el día en que incorporaron al primer trabajador, no se dará en los despachos del Ministerio de Trabajo, sino en los tribunales.
La batalla está en cómo se interpreta la sanción que se impone si alguna empresa opta por saltarse la norma y despide antes de que cumpla el plazo de seis meses desde que incorporó a su primer empleado. Un convencimiento generalizado entre los expertos en derecho laboral si se tiene en cuenta que en la tanda de solicitudes de los nuevos expedientes aprobados el 1 de octubre, aplicados a las restricciones administrativas de la segunda ola de la pandemia, muchos gestores y asesores laborales han recomendado a sus clientes que soliciten el ERTE, pero rechacen las exoneraciones a las cotizaciones de la Seguridad Social. Porque si no reciben estos beneficios en las cuotas no estarán obligados a ampliar otros seis meses la prohibición de despedir.
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