Los asesores tributarios tienen desde este año la obligación de denunciar las prácticas de aquellos clientes que puedan estar dirigidas a eludir el pago de impuestos después de que el Gobierno aprobara el pasado ejercicio la trasposición a la legislación española de la Directiva europea sobre Intermediarios Fiscales, conocida como DAC 6, que limita su secreto profesional.
La norma, que debió trasponerse antes de finales de 2019, les da hasta finales de febrero para informar de todas las operaciones sospechosas registradas desde mediados de 2018. La Asociación Española de Asesores Fiscales denunció ayer, sin embargo, que les será imposible cumplir con su obligación porque a un mes de que venza el plazo el Ministerio de Hacienda aún no ha aprobado el reglamento para hacerlo.
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