La reforma prevista en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para cumplir con la sentencia del TJUE relativa a la discriminación que sufren los contribuyentes y causantes no residentes reducirá la recaudación del impuesto, añadirá más complejidad fiscal a un Estado que ya cuenta con 20 regímenes fiscales de este impuesto que están en continuo cambio y que a un no residente se le obliga a conocerlos si quiere planificar su inversión en España, e incrementará el contencioso fiscal aumentando en consecuencia los costes de gestión del mismo, en opinión de expertos.
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