El uso de sociedades interpuestas con sede en diferentes países para evadir impuestos está complicando cada vez más las investigaciones judiciales por los delitos contra la Hacienda pública, según alerta la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona.
La complejidad de esos entramados concebidos para el fraude fiscal entorpece la persecución penal, principalmente por las trabas con que se encuentran los jueces para solicitar información a bancos o agencias tributarias de otros países, un proceso que suele exigir que se tramiten comisiones rogatorias y que puede ser lento. En la mayoría de casos, las evasiones fiscales investigadas en 2017 por la Fiscalía de Barcelona correspondían a fraudes en el pago del IVA, una tendencia que no cambia desde hace años, pese a que también han ido en aumento los casos de engaños a la Hacienda pública en la declaración del IRPF.
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