En 2017 fue la causa que más sanciones originó por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): una de cada tres. Además, fue, junto con la contratación fraudulenta, una de las áreas con mayor importe global de multas con 3,84 millones de euros. Los motivos más frecuentes por los que se sanciona a las entidades (acreedores y gestores del fichero, que son corresponsables) son, precisamente, no acreditar el requerimiento de pago e incluir una deuda que ya está reclamada o que no es cierta. A la multa administrativa por una inclusión abusiva en un fichero se puede sumar una cuantiosa indemnización por daños patrimoniales y morales al afectado. Tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional han generado una extensa jurisprudencia al respecto.
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