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La Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón incumplen reiteradamente el plazo de pago a proveedores

Tras avisarles varias veces, Hacienda estudia medidas coercitivas. Estas tres administraciones autonómicas llevan, al menos, ocho meses incumpliendo el tope marcado en la ley de morosidad del sector público, que establece un límite máximo de 60 días desde el suministro de bienes o servicios para abonar las facturas a los proveedores. La estadística difundida ayer por Hacienda revela que el conjunto de las comunidades redujo en abril, justo antes de las elecciones, el periodo de pago a proveedores por primera vez en lo que va de año. Andalucía, Baleares, Madrid, Cataluña y Murcia tardan en pagar más de 30 días, límite máximo marcado por la ley de morosidad pero están por debajo de los 60 días que establece la ley de control de deuda comercial del sector público.