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La Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón incumplen reiteradamente el plazo de pago a proveedores
Tras avisarles
varias veces, Hacienda estudia medidas coercitivas. Estas tres administraciones
autonómicas llevan, al menos, ocho meses incumpliendo el tope marcado en la ley
de morosidad del sector público, que establece un límite máximo de 60 días
desde el suministro de bienes o servicios para abonar las facturas a los
proveedores. La estadística difundida ayer por Hacienda revela que el conjunto
de las comunidades redujo en abril, justo antes de las elecciones, el periodo
de pago a proveedores por primera vez en lo que va de año. Andalucía, Baleares,
Madrid, Cataluña y Murcia tardan en pagar más de 30 días, límite máximo marcado
por la ley de morosidad pero están por debajo de los 60 días que establece la
ley de control de deuda comercial del sector público.