Las operadoras telefónicas cobrarán al INE casi medio millón de euros por cederle los datos para que elabore un estudio sobre la movilidad de los españoles. Estas empresas explican que pueden vender sin problemas la información porque ha sido anonimizada. Es decir, no hay forma de conocer qué clientes están detrás de esas cifras y, por tanto, no se infringe de ningún modo la legislación de protección de datos.
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