La sala IV de lo social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que el pago continuado de parte de las retribuciones del trabajador fuera de nómina, escapando así a la cotización a la Seguridad Social, constituye un "grave incumplimiento" de las obligaciones empresariales y justifica la resolución del contrato a petición del trabajador y su derecho a percibir una indemnización de carácter improcedente (33 días por año trabajado). Mediante este fallo, el Supremo estima el recurso de casación para unificación de doctrina que tres peones agrícolas interpusieron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que dio la razón a la empresa hortofrutícola para la que trabajaron.
La Comisión Europea ha recibido un severo correctivo por parte del Tribunal General de la UE tras conceder la razón a Apple y a Irlanda en su litigio contra el ejecutivo comunitario.
En concreto, la corte europea considera que la multinacional californiana no recibió ayudas de estado pese a disfrutar de una tributación en el Impuesto de Sociedades del 0,005% durante 11 años en aquel país, periodo durante el que tributó por las operaciones realizadas en Europa, África, India y Oriente Medio. De esa forma, Apple estará en condiciones de recuperar los 13.000 millones de euros desembolsados en 2016 por impuestos no satisfechos al gobierno irlandés. No obstante, la prudencia invita a la multinacional estadounidense a congelar ese reintegro -junto con los intereses generados en el mismo plazo- hasta que la sentencia sea firme, una vez resuelto el presumible recurso de casación que elevará Bruselas antes de 70 días. En cualquier caso, la situación de debilidad de la Comisión Europea ante las empresas estadounidenses se presume considerable.
La Comisión quiere reforzar los recursos propios de la UE con tributos.
Los impuestos y la lucha contra evasión dominarán la agenda este semestre. Europa necesita pagar el fondo de recuperación para remontar el vuelo, unos 750.000 millones de euros, según la propuesta de las instituciones comunitarias. El presidente del Consejo Europeo propuso crear una serie de impuestos comunitarios. El primero se aplicaría a los plásticos de un solo uso, con el que se podría recaudar unos 3.000 millones de euros, y que se quiere aplicar ya desde el 1 de enero, aunque parece complicado. Para 2023 debería introducirse el impuesto al CO2 en frontera, una idea muy compleja técnicamente, y la tasa digital, que cuatro Estados miembros ya tumbaron en 2019. El resto de nuevos recursos, como el nuevo sistema reforzado para los permisos de emisiones, llegarían antes de 2027.
Las disoluciones de compañías en España aumentarán un 22% entre este año y el próximo 2021, según Coface.
De este modo, la falta de liquidez, la menor demanda de bienes y servicios, y la disminución de actividad comercial y el desplome del PIB en los países desarrollados seguirá haciendo mella en el próximo ejercicio, lejos de traer consigo la tan esperada recuperación en V. En el caso de Italia, que es el más perjudicado de las grandes economías del euro, con un aumento de disoluciones del 37% hasta finales de 2021, junto con España descuenta el elevado impacto de la pandemia en sectores críticos como el turístico y el hostelero, de gran preponderancia en ambas regiones por su elevada vinculación a este tipo de actividades económicas con un alto componente de estacionalidad.
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