La Abogacía se ha opuesto a las medidas que establece el borrador del proyecto de Real Decreto-Ley de Medidas procesales y organizativas.
Las considera ineficaces y que perjudicarán a la buena marcha de la Administración de Justicia, así como lesivas para el ejercicio del derecho de defensa. El Consejo de Ministros declarará días hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020, excepto sábados, domingos y festivos, aunque con la salvedad de aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.
El Gobierno llevará a cabo un peritaje individual de cada persona o núcleo familiar que solicite el futuro ingreso mínimo vital.
Con cuentagotas se van conociendo los detalles de lo que será la anunciada renta de inserción anunciada por el Ejecutivo para el mes de mayo, y una de las claves será el estudio estricto que llevará acabo la administración para garantizar que las ayudas van a parar a las familias que realmente lo necesiten. Ya se conoce el coste aproximado del ingreso mínimo vital para las arcas públicas, unos 5.500 millones de euros, es decir, medio punto del PIB y son muchos los organismos que están advirtiendo del peligro que supone incorporar este gasto en las maltrechas cuentas de la Seguridad Social.
Justicia plantea una reforma temporal de la ley concursal para salvar el mayor número de empresas y autónomos.
El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un Real Decreto-Ley, en el que, entre otras medidas, se relajan las exigencias de la Ley Concursal, se amplía plazos y se prevé la creación de nuevos juzgados especializados, siguiendo la línea de las propuestas del Consejo General del Poder Judicial, para evitar la liquidación de miles de empresas insolventes en la actualidad por culpa de las medidas adoptadas para combatir el Covid-19. El deudor que se encuentre en estado de insolvencia por la crisis del Covid-19 no tendrá el deber de solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el estado de insolvencia es consecuencia de la crisis si con anterioridad al 14 de marzo de 2020 no se encontraba incurso en ninguno de los supuestos que habilitan al acreedor para solicitar la declaración de concurso. Para determinar las pérdidas para la reducción obligatoria de capital y para la disolución, no se computará el resultado del ejercicio que se cierre en el año 2020. Solo será de aplicación excepcional en el ejercicio social que se cierre en el año 2020.
El Ministerio de Trabajo considera que la prórroga de los Ertes de fuerza mayor se debería limitar a verano.
Posición que mantendría también CCOO, aunque con flexibilidad para ir adaptando los plazos a la realidad de la pandemia. UGT y los empresarios hablan de final de año, para dar una mayor seguridad a las empresas. De momento, el ministerio ha flexibilizado las posiciones. Según varias fuentes, el Gobierno aceptaría prorrogar los Ertes de fuerza mayor sin discriminar necesariamente por sectores y, lo más relevante, flexibilizar las condiciones legales de esta figura (Ertes de Fuerza Mayor) que actualmente exige que se someta al expediente a la totalidad de la plantilla. Tanto empresarios como sindicatos le expusieron al Gobierno la necesidad de que se permita ir incorporando parte de la plantilla a la actividad, en función de las evoluciones concretas, pero manteniendo las condiciones del Erte por fuerza mayor
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