Alcanzado el acuerdo para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones con el que relanzar las economías del bloque comunitario
España contará con 140.000 millones del fondo, 72.700 en ayudas directas. Este plan de reconstrucción, que estará financiado por una emisión sin precedentes de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea y tendrá una duración de tres años, se sumará a un presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros. La mayor parte del fondo de recuperación irá dirigido a los gobiernos europeos para apuntalar sus economías, pero el resto se utilizará para reforzar el presupuesto de distintos programas europeos. Estas dotaciones, no obstante, han sido objeto de importantes reducciones en las negociaciones para poder ampliar las ayudas. Uno de los programas más perjudicados es el Fondo para la Transición Justa. El presupuesto adicional para Desarrollo Rural pierde la mitad de su tamaño original, el programa europeo de I+D (Horizonte) sólo se beneficiaría de 5.000 millones del fondo de recuperación. Desaparece el fondo para incentivar inversiones privadas en empresas a través del BEI, que contaba con un presupuesto de 26.000 millones y buscaba solventar el escaso margen fiscal de algunos países como España para recapitalizar su tejido productivo.
El Congreso de los Diputados estudiará este martes la aprobación de un régimen sancionador para empresas morosas que sobrepasen los plazos de pago de sus deudas con multas de hasta 1 millón de euros
La propuesta saldrá a la palestra en la validación o rechazo de las enmiendas al acuerdo adoptado en la Comisión de Reconstrucción para adoptar medidas de cara a la recuperación tras la pandemia. Se estudian multas leves, de hasta 3.000 euros; graves, de entre 3.001 y 100.000 euros; y muy graves, desde 100.001 hasta 1.000.000 de euros. Además, se prevén consecuencias en caso de reincidencia de infracciones muy graves por no poder contratar con las entidades que integran el sector público, no poder obtener condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. También, si se produce la suspensión de los posibles préstamos que tuviera derecho a percibir del Instituto de Crédito Oficial u otros organismos o entidades públicas análogas, ni acceso a nuevos créditos o no poder beneficiarse de deducciones vigentes en el impuesto de Sociedades o en el IRPF.
El sector inmobiliario español afronta el escenario actual en una posición distinta a la que tenía antes de 2008
Esta vez, la crisis sanitaria se ha topado con un sector habitado por empresas más profesionales, saneadas y con mayor solidez en sus balances. Estos condicionantes hacen que el inmobiliario pueda consolidarse como un valor refugio que ofrece oportunidades para los inversores, como señalaron los expertos que participaron en el encuentro digital La inversión inmobiliaria posCovid, una apuesta de futuro. la pandemia sí está introduciendo cambios en el sector. "Vemos nuevas tendencias en cuanto a la tipología de activos: en el sector residencial aumenta mucho la demanda fuera de las grandes ciudades y se buscan activos con más espacio, por ejemplo, con terraza y jardín", subrayan de Servihabitat. En el mercado inmobiliario terciario, la tendencia es similar. "Hay una demanda creciente a nivel logístico en las afueras de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. No vemos un ajuste importante en los pequeños locales para terciario dentro de las ciudades, pero sí se buscan centros pequeños de logística pensando en el ecommerce".
La complejidad regulatoria se ha convertido en un gran obstáculo para impulsar la internacionalización de las empresas online en Europa
Así lo asegura un informe de Stripe, la plataforma estadounidense de pagos online, que concluye que resolver las “incoherencias en la reglamentación” generaría una oportunidad de 100.000 millones de euros en comercio electrónico para Europa. El 41% de las empresas online que ya tienen presencia internacional la estén reduciendo debido al aumento de la normativa desde que se expandieron a ciertas regiones. De media, en empresas de todos los tamaños, aproximadamente el 5% de la masa salarial total se gasta en recursos para adaptarse a la normativa vigente.
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