El real decreto que está preparando el Gobierno para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables mientras dure el estado de alarma estará listo antes de que acabe el año.
La nueva norma permitirá que no haya lanzamientos de familias vulnerables hasta que las Comunidades Autónomas ofrezcan otra vivienda alternativa para desplegar el realojo de la población afectada. Con ello, se extenderá la prohibición de desahuciar al menos hasta el próximo 9 de mayo, cuando finaliza la medida extraordinaria decretada por el Ejecutivo. Hasta ahora, la paralización se limitaba hasta enero del año que viene y para situaciones de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis del covid-19. Pero ahora, se extenderá además a casos de vulnerabilidad generados antes de la crisis del coronavirus e incluye todos los supuestos, tanto los derivados de no poder hacer frente el arrendamiento como los hipotecarios.
La pandemia no solo está obligando a ajustarse el cinturón a las áreas legales, también impactará en los bufetes.
Las compañías no solo van a remitirles menos trabajo, sino que también quieren que este les salga más barato. De hecho, el próximo ejercicio cerca de la mitad tienen como objetivo reducir su factura en abogados. Como detalla el documento, a iniciativa de la firma o a petición del propio director legal (uno de cada tres consultados reconoce que ha pedido una revisión a la baja de los honorarios), son muchos los bufetes que ya han aplicado una rebaja en su precio por hora. La media de este descuento es del 10%, pero también hay un importante número de firmas que han reducido sus tarifas entre el 11% y el 15% (dos de cada diez). Algunos incluso superan ese porcentaje. En todo caso, según las respuestas ofrecidas, el ajuste de gasto interno ha sido superior al aplicado a los letrados externos.
Los gobiernos de la UE han aprobado este lunes una modificación de las normas comunes sobre el IVA ara que la venta de vacunas y pruebas de Covid-19 puedan estar exentas del pago de este gravamen hasta el 31 de diciembre de 2022.
Hasta ahora, los Estados miembros podían aplicar un IVA reducido a la venta de vacunas, pero no un tipo cero. Las pruebas de Covid-19, por su parte, no se podían beneficiar siquiera de un tipo reducido de este impuesto. En cualquier caso, esta posibilidad cubrirá únicamente las vacunas que hayan sido autorizadas por la Comisión Europea o por un Estado miembro de forma individual y las pruebas de diagnóstico que cumplan con los estándares de la legislación comunitaria.
A Hacienda se le ha abierto un nuevo frente judicial en torno a la inspección de cajas de seguridad.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha pronunciado en dos ocasiones. Ante la demanda de dos contribuyentes que se oponían, el tribunal ha fijado su criterio sobre qué requisitos deben darse para permitir a la Agencia Tributaria el precinto de una caja de seguridad, el paso previo a su apertura que persigue evitar que su dueño pueda manipular el contenido. El alto tribunal valenciano estima una de las dos demandas abordadas, dando la razón al contribuyente por considerar que el fisco justificó su actuación utilizando una fórmula genérica y estereotipada que valdría para abrir cualquier caja de seguridad. Por el contrario, rechaza el otro al entender que la medida era necesaria porque, de no haberse precintada la caja, se corría el riesgo de que desapareciesen, se destruyesen o alteraran pruebas de posibles hechos imponibles no declarados. En todo caso, y sin entrar en materia, el tribunal sugiere que el siguiente paso, abrir la caja, sí que podría exigir una autorización judicial.
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