El Fogasa dispone de un presupuesto de 796 millones de euros, el cual sólo daría para cubrir el 25% de las indemnizaciones por despido si prosperara la propuesta de la patronal madrileña CEIM de que el FOGASA y la empresa paguen a partes iguales el coste de despedir a alrededor de medio millón de trabajadores actualmente bajo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Erte), que con alta probabilidad pasarían a Ere y, por tanto, al paro. Es inevitable una oleada de despidos que introduce un elemento de presión extraordinaria sobre las cuentas de las empresas pero también sobre las cuentas de la Seguridad Social, la cual en el Fogasa hasta ahora ha tenido un aliado (igual que el Sepe) para rebajar el importe de los préstamos anuales de la caja pedidos al Tesoro para pagar las pensiones. Ahora estas áreas serán todavía más deficitarias y, por tanto, exigirán un gran consumo de recursos.
Los expertos en fiscalidad vienen demandando hace tiempo una reforma integral del conjunto del sistema tributario español, incluyendo todo tipo de figuras impositivas de las administraciones estatal, autonómica y local. De hecho, ya se han realizado varios informes. Desde Fedea apuntan que la fuerte crisis económica, con un déficit público desbordado, ha convertido en "urgente" la necesidad de abordar ya la reforma del sistema fiscal español.
La habilitación del mes de agosto no ha dado los resultados esperados en la Justicia madrileña.
Sólo el 10% de los letrados madrileños participó en un juicio telemático en agosto. Según el 'Observatorio de la Normalización de la Actividad Judicial, elaborado por el Colegio de Abogados de Madrid, un 16'5% de los encuestados señala incumplimientos de la distancia de seguridad y un 30% que no ha existido un debido distanciamiento entre señalamientos.
El Gobierno de coalición ultima un acuerdo fiscal con subidas de impuestos a grandes patrimonios y rentas altas para su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, aunque recogerá ajustes respecto al acuerdo programático del Ejecutivo y se pospondrá la reforma fiscal en profundidad inicialmente prevista
El Ministerio de Hacienda está dispuesto a suavizar el protocolo de liquidación del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin. En concreto, el departamento que lidera la ministra María Jesús Montero ha impulsado una consulta pública sobre la regulación del cobro del nuevo tributo en la que propone eximir a los contribuyentes de tener que presentar una declaración anual de la tasa a cambio de aportar una mayor cantidad de información en su liquidación mensual. “Se prevé que las autoliquidaciones mensuales contengan una información muy completa, lo que hace innecesario la presentación de una declaración anual. De esta forma se libera a los sujetos pasivos de obligaciones formales
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