El ministro confirma que el ingreso mínimo vital comenzará a cobrarse en junio
El coste de la medida será de unos 3.000 millones de euros cada año. Asegura que no hay excepciones previstas para 'okupas' en el diseño de la medida. se está diseñando un mecanismo multicanal para solicitar la prestación, a fin de llegar al mayor número de personas vulnerables posible. "En cuanto entre en vigor, podrá solicitarse" y destacó que además de la Seguridad Social, se pondrán en marcha "otros canales" complementarios para facilitar su acceso a través de los diferentes organismos y niveles de la administración.
La realidad digital avanza más rápido que la actividad de los legisladores
Muchos trabajadores ya no volverán a sus lugares de trabajo y escogerán esta forma de trabajo más provechosa, más sostenible y productiva. Pero no se podrá realizar si no hay cambios legislativos en las actuales leyes laborales y en los convenios de todos los sectores. En este momento de Estado de Emergencia nacional sería buen momento para que se aprobara una ley general de Trabajo a Distancia que tuviera en cuenta los parámetros, así como regular cómo se debe ayudar a promover el teletrabajo en todas las empresas (grandes, pymes y autónomos) y en los hogares. Cómo deben ser las condiciones laborales en los hogares, cómo se deben facilitar las conexiones y las herramientas de trabajo, cómo se deben mejorar las capacidades
Las compañías rediseñan su política de compensación: el 60% congelará los salarios y la mitad rebajará los incentivos
El horizonte es cambiante, como refleja el sondeo semanal que realiza la consultora PeopleMatters entre unas 150 compañías para medir la evolución de sus estrategias de recursos humanos. “Tras la oleada de ERTE por fuerza mayor, se han incrementado los expedientes por causas objetivas y ahora las empresas presumen que van a tener que abordar despidos individuales y colectivos y los están evaluando ante la gravedad de la situación económica”. Incluso las que viven un ERTE de fuerza mayor estudian el coste de devolver las cuotas a la Seguridad Social sufragadas por el Estado y de las posibles multas, añade. Para evitar llegar a los ajustes de plantilla, las organizaciones anticipan una congelación salarial. Tanto para 2020, en el caso de las que no han repartido todavía el incremento entre sus empleados, como para 2021. Y también un rediseño de sus políticas de compensación para ajustarse a la situación actual, que no es ni parecida a cuando las trazaron a finales del año pasado.
La pandemia está provocando una avalancha de casos de insolvencia que exige medidas concursales contundentes que eviten la extinción de muchas de nuestras empresas.
Mes y medio después de la declaración del estado de alarma, el real decreto ley 16/2020 viene a abordar por fin el problema de la insolvencia empresarial, pero a juicio de algunos expertos sin la profundidad necesaria y con escasas posibilidades de éxito. Las medidas centradas en las soluciones a la insolvencia pueden agruparse en dos bloques: el de los privilegios para quienes ayuden al deudor insolvente, y el de las prórrogas de los plazos para la toma de decisiones frente a la insolvencia. La supresión del privilegio de cobro de la Administración: una posible solución obviada en el decreto.
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