Nuevo foco de conflicto en la Mesa de Diálogo Social para la reforma de las pensiones en la que negocian el Ministerio de Seguridad Social con la patronal y los sindicatos.
El titular del departamento ha trasladado su voluntad de impedir por ley que los convenios colectivos prohíban a los empleados seguir en su puesto de trabajo una vez cumplan la edad legal de jubilarse, actualmente en 66 años. La propuesta no ha gustado a las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que entienden que supone cercenar la libertad de negociación de las partes en los convenios colectivos y una dificultad para renovar las plantillas y crear más empleo, según fuentes conocedoras de la negociación.
Desde los sindicatos, la postura es más neutra al entender que son muy pocos los trabajadores que continúan en activo una vez alcanzada la edad legal de jubilación y en su mayoría son trabajadores de alta cualificación bien remunerados.
El Gobierno ha planteado las líneas generales de su propuesta para que los trabajadores autónomos pasen a cotizar en función de los rendimientos netos que obtengan. Como novedad, se establecería un sistema de hasta 13 tramos de bases de cotización en las que pasarían a encuadrarse los trabajadores por cuenta propia, en función de lo ganado en términos netos, según fuentes asistentes al encuentro.
Así, cada autónomo se encuadraría en una base de cotización en función de sus ingresos previstos y posteriormente regularizaría lo cotizado. Según el sistema propuesto, en el mes de noviembre estos trabajadores enviarían a la Tesorería General de la Seguridad Social los rendimientos netos obtenidos y reflejados en sus declaraciones tributarias. Los rendimientos obtenidos se compararían con lo cotizado y si hubieran cotizado más que lo que les corresponde por sus ingresos reales "fiscalmente computables", la Seguridad Social les devolvería el exceso de oficio y si, por el contrario, hubieran cotizado de menos, se les solicitaría el desembolso que les faltase.
Una sentencia anula el despido de una empleada con diabetes, hipertensión y miocardiopatía, que faltó cuatro días en el trabajo por miedo a contagiarse, al considerarlo segregacionista.
La resolución, dictada por un juzgado de lo social de Barcelona el pasado 14 de diciembre, obliga a la empresa a readmitir a la trabajadora (telefonista en un call center) y a abonarle el salario que dejó de percibir. El juez avala en su sentencia esta solicitud, dando la razón a la empleada. No porque el despido no tuviera un motivo, sino porque las ausencias de la mujer estaban totalmente justificadas al tratarse de una paciente de riesgo frente al virus. Además, considera que esta circunstancia influyó en la decisión empresarial.
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