La ministra de Trabajo y Economía Social ha explicado que el Gobierno trabaja en una ley sobre el teletrabajo que prevé un listado de gastos que deberán asumir las empresas y no los empleados, porque el trabajo a distancia "no les puede salir gratis" a las compañías.
"Gastos que ahora estamos asumiendo en el teletrabajo tiene que pagarlos la empresa. Vamos a hacer una lista que sí o sí tiene que acometer el empresario. Es probable que vaya con facturas, para partes proporcionales de suministros" y según lo que se decida en los procesos de negociación colectiva.
Díaz ha defendido un teletrabajo voluntario y que respete los derechos de descanso y de conciliación, algo que a su juicio ahora la ley no garantiza al abordarlo "como algo residual, marginal e incluso infravalorado".
El Gobierno acepta que los Ertes objetivos, que irán sustituyendo a los de fuerza mayor, tengan exoneraciones a la Seguridad Social, pero los agentes sociales matizan que no es suficiente para cerrar con acuerdo la negociación.
El punto de desencuentro estriba en la intención del Gobierno de dar por finalizados los Ertes de fuerza mayor total, es decir, los de aquellas empresas que no han reabierto su negocio, aunque sea de forma muy parcial. Actualmente, las reducciones de las cotizaciones se limitan a los Ertes de fuerza mayor, tanto los totales, como los parciales (parte de la plantilla está ya trabajando y ha salido del Erte). Pero en las negociaciones ya ha quedado claro, y aceptado por las partes, que los Ertes de fuerza mayor dejarán de funcionar el 30 de septiembre, ampliando el plazo tres meses respecto al límite del 30 de junio que impera actualmente.
Renfe busca reducir la retribución variable y obliga a coger las vacaciones en agosto.
En un encuentro con el Comité General celebrado el 11 de junio, la dirección de la compañía trasladó a los sindicatos su intención de eliminar o reducir drásticamente la retribución variable de todos los trabajadores debido a que no se van a cumplir los objetivos de actividad previstos por la pandemia del coronavirus. Renfe ha abierto la puerta a reducir los costes laborales de este año y el que viene para frenar la sangría de pérdidas, que hasta abril alcanzaron los 123,4 millones, convirtiéndose en la "primera empresa pública que pretende rebajar el sueldo de los empleados".
Ciertas empresas han empezado a lanzar ofertas de empleo en las que solicitan a los candidatos información sobre si han pasado el coronavirus y han desarrollado anticuerpos como requisito para acceder al puesto de trabajo ofertado.
Frente a esta situación, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dado un paso adelante y ha elaborado una nota informativa en la que indica que estas prácticas constituyen una vulneración de la normativa de protección de datos aplicable.
El Gobierno ha aceptado dejar en vigor los Ertes de fuerza mayor total hasta el 30 de septiembre, en la reunión del miércoles.
Eso sí, a cambio reducirá las actuales exoneraciones a la Seguridad Social que vienen disfrutando, según explican fuentes de la negociación a este periódico. La otra salvaguarda que ha ofrecido el Gobierno es que, si se produce un rebrote del virus, las empresas pueden revertir su situación hacia Ertes de fuerza mayor total e hibernar a toda la plantilla. Aunque en este caso, las exoneraciones no serán del 100% y el 75% actuales, sino que se situarán entre el 80% y el 70%, las mismas que se aplicarán en los tres próximos meses.
La Audiencia Nacional avala la aplicación de un ERTE de fuerza mayor para una empresa de teleoperadores, las llamadas contact center.
La sentencia establece que la empresa afectada actuó correctamente y que no incumplió ninguna norma al suspender las relaciones de estos trabajadores. En este sentido, destaca que no se podía desarrollar esta actividad durante el estado de alarma. Los teleoperadores atendían llamadas sobre un servicio de portabilidad de contratos de telecomunicaciones. El decreto del Ejecutivo prohibió la portabilidad, es decir, el cambio de operador telefónico. "No afectó a trabajadores que no estuvieran autorizados para la medida", subraya.
El Gobierno propone nuevas exoneraciones para los ERTEs.
Gobierno, patronal y sindicatos seguirán negociando previsiblemente el miércoles y, previamente, los empresarios consultarán internamente si aceptan la propuesta. La reunión de ayer para acordar las condiciones de renovación de los Expedientes de regulación temporal de empleo ha vuelto a terminar sin acuerdo. Este nuevo diseño elimina las mayores bonificaciones para los ERTE por fuerza mayor completos en los que no se incorpora ningún trabajador a su puesto de trabajo, y deja solo las exoneraciones para los parciales, ya sean de fuerza mayor o por causas objetivas –esto sería novedad porque actualmente este tipo de ERTE no tiene exoneraciones-.
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