Con fecha 28 de abril de 2020 ha sido publicada la Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto la lupa sobre los cientos de miles de ERTE a los que se han visto forzadas las empresas por la crisis del coronavirus Covid-19.
Trabajo vigila ya que las compañías cumplan las condiciones exigidas para acceder al mecanismo y endurece las sanciones para los ERTE fraudulentos. El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, establece que es una infracción muy grave "efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones". Las sanciones muy graves suponen multas de hasta 187.515 euros. En su grado mínimo, varían de 6.251 a 25.000 euros. En su grado medio, se imponen de 25.001 a 100.005 euros. En su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros. Además, Inspección vigilará el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias con revisiones en las empresas que retoman su actividad estos días.
Díaz propone mantener el permiso retribuido recuperable en futuros ERTE si hay acuerdo entre empresa y trabajador y reformular el derecho de adaptación de jornada.
La ministra de Trabajo y Economía social ha explicado algún detalle de las medidas laborales sobre las que trabaja su equipo para abordar la reincorporación progresiva de los trabajadores a la actividad en función de las distintas fases de la desescalada. En la primera etapa, posterior a la vigencia del estado de alarma, "todavía serán necesarias medidas de excepcionalidad que se irán atenuando". Se ha referido concretamente a mantener los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor --cuya vigencia legal está vinculada ahora a la duración del estado de alarma-- "que seguirán teniendo gran relevancia por lo cual deberá mantenerse transitoriamente".
Los sindicatos consideran urgente la aprobación por parte del Gobierno de una paga de carácter extraordinario y temporal para aquellas personas que durante la crisis del coronavirus no tienen ingresos.
Insistieron en diferenciar esta prestación con la que Renta Mínima Vital que tendría un carácter estructural y, que como recordó la ministra, está en el acuerdo programático firmado entre el PSOE y Podemos. Los dirigentes sindicales entienden que es urgente pues hay cerca de un millón de personas están sin ingresos, aunque entienden que, aunque se trate de una prestación extraordinaria, será complejo de articular, pues son competencias autonómicas y hay que buscar las fórmulas.
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