ERTEs: las peores previsiones se han quedado cortas.
Tres millones ciento cuarenta mil setecientos setenta y dos (3.140.772) son los trabajadores que con los datos actualizados de este viernes han dejado de trabajar de forma temporal amparados por uno de los 446.549 expedientes de regulación temporal de empleo (Erte) que se han presentado en alguna de las distintas autoridades laborales repartidas por España.
Lo que sí desveló la ministra es que el sistema público de desempleo ha gestionado prestaciones para unas 620.000 personas afectadas por expedientes de regulación de empleo temporales. Quedan, pues, casi dos millones y medio por regularizar su paro. Y la realidad es peor, pues faltan los datos de la Región de Murcia. En cualquier caso, la cifra de trabajadores afectados no es exacta, pues algunas comunidades autónomas registran el expediente, pero no contabilizan el número de trabajadores que se acogen. Eso se hace posteriormente, cuando se tramita su aprobación, en más del 90% de los casos por fuerza mayor. Hay que tener en cuenta que durante la semana pasada entraron en vigor las vacaciones retribuidas recuperables, lo que puede haber llevado a que muchas empresas no hayan podido presentar un Erte al estar, de hecho, sin actividad por vacaciones forzosas.
UGT y CCOO exigen que los trabajadores y trabajadoras que mantengan su actividad cuenten con los equipos de protección individual (EPIs) y las medidas de seguridad que les salvaguarden del contagio del coronavirus y garanticen su salud.
Ambos sindicatos recuerdan que los empresarios y las administraciones están obligados por la Ley a proporcionar a los trabajadores y trabajadoras los EPIs y las medidas de necesarios para salvaguardar su seguridad y salud, y que los gobiernos y la Inspección de Trabajo están obligados velar por el cumplimiento de esas medidas.
El Gobierno ha decretado la revisión de oficio de todos y cada uno de los ERTE presentados durante la emergencia sanitaria.
El Sindicato de Inspectores de Trabajo, afirma que una de las irregularidades más comunes es la falta de justificación o la justificación incorrecta del ERTE. En concreto, revela que hay empresas que están alegando causas de "fuerza mayor" cuando en realidad han tenido que echar el cierre porque ha bajado la clientela o la carga de trabajo.
Expertos laborales, no creen que se esté produciendo un fraude a gran escala y asegura que el problema de fondo es la "ambigüedad" legal que rodea al decreto del Gobierno. La Inspección no solo revisará con lupa los expedientes, sino también las altas y las bajas registradas durante el estado de alarma, si así se lo pide el Servicio Estatal de Empleo (SEPE). El objetivo es detectar contrataciones ficticias que solo buscan generar una prestación para personas que, en condiciones normales, no tendrían derecho a paro. “Sería un engaño muy parecido al que se produjo con los ERE de Andalucía”.
ATA pide que se rebaje el umbral para poder recibir la prestación extraordinaria por cese, del 75% al 30% de los ingresos.
A la hora de la verdad están dejando fuera, según ATA, a casi dos tercios de los empleados por cuenta propia. Entre ellos están un buen número de sectores como dentistas, fisioterapeutas, oftalmólogos, podólogos, que deberían seguir en funcionamiento, pero que en la práctica no lo están, ya que sus negocios están vacíos por la falta de medidas de protección individual, habitualmente no atienden urgencias y porque los clientes no pueden acudir por el confinamiento. También pide que se amplíe el plazo de disfrute a tres meses y se permita el cobro de la prestación extraordinaria de cese de actividad a todos aquellos autónomos que tienen derecho a ella y que reciban otra prestación de la Seguridad Social, siempre que no alcance el 50% del salario mínimo interprofesional.
Boletín Oficial del Estado: lunes 13 de abril de 2020, Núm. 103
CORTES GENERALES
Estado de alarma. Medidas laborales complementarias
Estado de alarma. Medidas urgentes
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