El Gobierno estudiará en las próximas horas ampliar en 25 CNAES el listado elaborado de 95 tipos diferentes de actividades económicas que podrán acceder a esos 7.000 millones que se han reservado del paquete aprobado en Consejo de Ministros para ayudas directas dirigidas a pymes y autónomos. Según confirman fuentes oficiales, ya se está negociando con el Ministerio de Economía la ampliación de la ayuda a actividades como las peluquerías, centros de estética, academias de formación no reglada (música, baile...), autoescuelas, floristerías o tiendas de souvenires, centros de educación ambiental, jugueterías u otros segmentos de negocio asociado a los transportes, como las estaciones de servicio. Aunque aún no está cerrado este nuevo listado y concretados los CNAE que se sumarán a los ya incorporados, la Secretaría de Estado de Economía recibirá las áreas que las asociaciones de pymes y autónomos han detectado que necesitan más ayudas.
El Ministerio de Hacienda analiza las posibilidades que ofrece la fiscalidad como instrumento para abaratar los precios de los alquileres, junto con el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana. Sobre cuándo se llevará la futura Ley de Vivienda al Consejo de Ministros para su aprobación, la ministra ha afirmado que espera que pueda ser aprobada en breve aunque ha descartado comprometer una fecha "porque todavía se está trabajando y acordando entre las dos partes de este Gobierno". La regulación del precio del alquiler sigue siendo el mayor escollo.
El Gobierno prevé dos fases en el impacto que tendrá la reforma del Reta sobre los autónomos: una primera fase provisional en la que convivirán los trabajadores por cuenta propia que ya estaban en alta en el momento de la reforma junto a los nuevos inscritos al Reta que ya estarán sujetos a la nueva normativa de cotización del colectivo. En esta primera fase, el Ejecutivo plantea que los nuevos afiliados al Reta elijan de entre esas trece bases de cotización la que más se ajuste a su previsión de rendimientos en el año. Mientras que a quienes ya estaban inscritos en el Reta, tras la aplicación del nuevo sistema, se les aplicará la base de cotización que proceda del anterior sistema, que será considerada de carácter "provisional" hasta que este solicite la nueva base de entre los diferentes tramos, a los que les corresponderá a su vez diferentes bases de cotización.
La cuestión del traslado de responsabilidad penal entre empresas está regulada en el artículo 130.2 del Código Penal. Los especialistas en cumplimiento normativo (compliance) y en fusiones y adquisiciones destacan la falta de atención que se está prestando al traslado de responsabilidad penal entre sociedades a pesar de las graves consecuencias que puede conllevar. La inexistencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo, la exigua casuística que ha llegado a los tribunales y la ausencia de una metodología científica que contribuya a dilucidar cuándo procede el traslado de responsabilidad, son factores que no han contribuido a clarificar este asunto. El examen que aborde el grado de coincidencia de identidades resulta totalmente procedente a los efectos de concreción de la pena. Se trata de apreciar -por encima de aspectos meramente formales- que la esencia de la empresa en cuyo seno se cometió el delito persiste en la persona jurídica resultante, independientemente de las modificaciones societarias que se hayan producido.
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