Las principales modificaciones se refieren al reconocimiento de la ultraperiferia del Archipiélago como elemento diferenciador. El objetivo es que los ciudadanos canarios, pese a la lejanía, insularidad y limitaciones estructurales permanentes, estén en igualdad de oportunidades frente al conjunto de ciudadanos de la Unión Europea, por lo que se debe modular a tal fin la actuación estatal en las políticas económicas. Además, se modifican aspectos relativos a los siguientes ámbitos: energía, agua, gestión de residuos, control aduanero, transporte, turismo, educación, empleo, incentivos regionales y agricultura. Entre otros apartados, se modifica la compensación al transporte de personas, que pasa del 50 al 75 por 100 en trayectos interinsulares en Canarias; se establece una compensación al transporte de mercancías, se fija la aportación nacional al POSEI y se compensa el precio por agua extraída en pozos y galerías.
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