La UE, de momento, se inclina por dar la razón a las empresas, según fuentes de la Comisión Europea. La Comisión advierte de que la contestación del TJUE sobre la consulta será vinculante y sentará jurisprudencia. Así que, si una labor de lobby del Gobierno no lo remedia, España estaría obligada a asumir el pago de hasta 3.000 millones
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