Suiza se propone poner en marcha cambios para evitar el lavado de dinero, entre los que se incluirá la limitación del pago en efectivo a 100.000 francos (unos 81.000 euros) cuando actualmente no hay tope –eso sí, en España la cantidad es de 2.500 euros– y la creación de una figura que tipifique el fraude fiscal tal y como se entiende en los países de su entorno. También estudia la posibilidad de colaborar con los países que utilicen datos robados, siempre y cuando estos hayan sido obtenidos de forma pasiva. No entraría en esta definición, por tanto, la información comprada a un empleado. Eso sí, esta modificación debe ser debatida y se espera una fuerte oposición por parte del sector financiero.
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