Los imputados ya no serán tal sino que pasarán a llamarse investigados. Así se recoge en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobará este viernes el Consejo de Ministros y que iniciará ahora el trámite parlamentario. Algunos partidos han sostenido que la condición de imputado, es decir, ser llamado a declarar con abogado, debía ser suficiente para obligar a dejar un cargo público. El texto, además, establece un plazo de 18 meses para la instrucción de casos complejos, aunque pueda ser ampliable en algunas circunstancias. El texto final renunciará a la pretensión de establecer intervenciones de comunicaciones sin orden judicial para delitos graves.
Informe de la ministra de Empleo y Seguridad Social, sobre el Anteproyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La futura Ley prevé el aumento de los recursos destinados por la Inspección para la prevención de riesgos laborales y para combatir la siniestralidad laboral. Con ese objetivo, se creará dentro de la Inspección una nueva Escala de Subinspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se creará dentro del Organismo Autónomo Inspección de Trabajo y Seguridad Social una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.
La reforma de la Ley de Sociedades de Capital ha disparado la preocupación de los administradores por el plazo de prescripción para que los accionistas les exijan responsabilidades sobre sus decisiones al frente de la empresa, ya que, prácticamente, no prescribe. Con la nueva redacción (art.241 bis), "el plazo de cuatro años empieza a contar desde el día en que la acción de responsabilidad hubiera podido ejercitarse, es decir, desde que se tiene conocimiento de los hechos que permiten fundamentarla", según expertos. La nueva Ley hace especial hincapié en que respondan de sus actos los conocidos como 'administradores en la sombra', es decir, aquellos que manejan los hilos pero que se ocultan detrás de un 'gestor de paja'. El problema radica en que no existe una definición legal de esta figura y la decisión depende de la interpretación que haga cada juez.
La Agencia Tributaria ha renovado este año el 'Plan Especial de Intensificación de Actuaciones' para mejorar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal, que el año pasado generó una recaudación de más de 12.300 millones de euros, según fuentes de este organismo. A diferencia de 2014, este año el plan no ha contado con el respaldo de las principales organizaciones sindicales (CC.OO.,UGT, SIAT y Gestha). Al no haberse logrado el acuerdo, el organismo aplicará el plan en las mismas condiciones que en 2014, con la única salvedad de que se queda fuera del mismo el personal laboral no funcionario, que no puede participar de la bolsa de productividad si no hay acuerdo sindical.
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