Un informe de la CE señala que los Estados miembros podrían ingresar entre un 1% y un 2,5% del PIB si elevaran el peso de los impuestos verdes en su sistema tributario. Ello permitiría reducir la fiscalidad del trabajo, a través de rebajas en el IRPF o de las cotizaciones sociales. “En la práctica, los impuestos municipales sobre la circulación de vehículos no siempre reflejan la eficacia medioambiental. Revisar los impuestos aplicados a los vertederos y a otros residuos y mejorar la política de precios del agua podría contribuir a la consecución de los objetivos ambientales y la consolidación fiscal”, señalaba la Comisión Europea en un informe publicado el año pasado. Hacienda ya ha anunciado su intención de ligar el impuesto de circulación que recaudan los ayuntamientos a las emisiones contaminantes. Por otra parte, la directiva europea para 2018 sobre los productos energéticos obligará a España a elevar los impuestos sobre el gasóleo A y el gas natural, una medida que Hacienda podría adelantar.
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