Las bonificaciones a la contratación, las reducciones en las cotizaciones sociales o cualquier otra forma de subvencionar la contratación de desempleados suponen una mera transferencia de rentas desde el presupuesto público a las empresas sin beneficios reales sobre el empleo ni sobre los colectivos de desempleados incentivados.
Para este año, se destinan entre bonificaciones y reducciones a las cotizaciones sociales más de 3.700 millones de euros –más de la mitad del presupuesto destinado a políticas activas- que podrían emplearse en políticas mucho más eficaces para mejorar la situación de los desempleados.
En lugar de precisarse y reducirse los colectivos en los que se incentiva la contratación, intentando identificar las verdaderas causas de sus problemas de empleabilidad, se extienden y se hacen cada vez más amplios, difusos y heterogéneos.
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