La reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobada en 2013 prohíbe que los socios de las cooperativas titulares de autorizaciones de transporte facturen su actividad como servicios de transporte, por lo que serán objeto de una actuación inspectora preferente en 2020, con posible sanción de hasta 4.001 euros por servicio realizado. Sin embargo, las sucesivas prórrogas en el régimen de módulos ha fomentado la aparición de cooperativas cuyos socios tributan ilegalmente en el régimen de módulos, desacreditando el buen hacer del resto de cooperativas que operan en el sector.
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