Además del posible impacto indirecto que pueda tener la retroactividad total impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE en las nacionalizadas Bankia y BMN, por un máximo conjunto de unos 250 millones, el fondo de rescate público (Frob) podría tener que asumir 319 millones por las garantías aportadas a Abanca en la venta de Novagalicia.
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