En España hay 13.000 entidades locales (8.122, dos tercios, son ayuntamientos) y realizar su control financiero es tarea ardua y complicada. Lo saben bien los técnicos del Tribunal de Cuentas, que año tras año tienen que pelear con buena parte de esas administraciones para conseguir la información precisa respecto a un presupuesto que solo en 2017 totalizó 58.255 millones de euros. Y si bien el grado de cumplimiento de sus obligaciones ha ido mejorando, aunque de forma lenta, cuatro de cada diez todavía siguen haciéndolo fuera del plazo legal establecido. Eso cuando directamente ya ni justifican sus gastos, como ocurre con casi 2.300 millones de euros en diversos contratos públicos y convenios.
Lo sabe el Gobierno, al que el Tribunal de Cuentas se ha dirigido de forma reiterada los últimos años para que adopte medidas. Lo ha hecho por escrito y ante la comisión mixta Congreso-Senado para estos asuntos, pero con un caso casi omiso. El órgano fiscalizador reclama que para aquellos entes locales que no rindan cuentas, o lo hagan con un retraso importante, se les pueda retener el importe de las entregas a cuenta (el anticipo que el Ministerio de Hacienda les concede anualmente hasta la liquidación presupuestaria definitiva) «y, en su caso», la parte correspondiente a su participación en tributos del Estado.
También planteó «la conveniencia de promover las reformas legales oportunas» para que esa rendición obligada de cuentas fuera «requisito indispensable» para acceder a ayudas y subvenciones públicas. Pero ni el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ni otros departamentos, han atendido sus peticiones. «No existe constancia» de gestiones al respecto, critica el Tribunal.
Pero, ¿hasta dónde llega la magnitud de este problema? Los últimos informes del órgano contable, correspondientes a las liquidaciones de 2016 y 2017, lo revelan. Si bien tres de cada cuatro entidades locales cumplen, como mucho, con un retraso de seis meses, en más de un 15% de los casos la demora supera los dos años. Incluso existe «un número significativo» que «no rinden sus cuentas generales de manera continuada, encontrándose pendiente de remitir las cuentas referidas a alguno o varios de los ejercicios 2015, 2016 o 2017». Son un total de 2.934 (el 22% del conjunto), «en su mayoría» ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes.
«Excesivamente dilatados»
La estadística refleja que a menos tamaño de estas administraciones, también menor grado de cumplimiento. Así, el 57% de las mancomunidades y agrupaciones de municipios rinde cuentas fuera de tiempo, como el 80% de los cabildos y consejos insulares. En general, el Tribunal concluye que los plazos «resultan excesivamente dilatados», algo que se acusa de forma especial con las 1.295 empresas municipales, sobre todo en Andalucía y Cataluña.
Mayor gravedad aún reviste la situación de los principales expedientes de gasto, pues el órgano fiscalizador afirma que en lo relativo a las relaciones anuales certificadas de los contratos formalizados (o bien, las certificaciones negativas correspondientes) las entidades locales «incumplieron mayoritariamente la obligación de remitir en plazo» la información. Incluso en un 35% de los casos ni siquiera llegaron a enviarla. Y la cantidad no es precisamente pequeña: un total de 1.158 contratos, con un importe adjudicado de 1.485 millones de euros, y eso solo en lo registrado en el ejercicio de 2017.
Respecto a los convenios públicos suscritos por las administraciones locales, el 16% de ellas enviaron la documentación fuera de plazo y hasta un 76% ni siquiera mandaron datos. Y hablamos aquí de 210 acuerdos firmados por esos entes, valorados en 806 millones de euros.
Reparos y omisiones
El panorama no mejora si se analizan los acuerdos municipales con algún tipo de tacha. Así, los denominados «contrarios a reparos» (con discrepancias entre el órgano gestor del gasto y los interventores) alcanzaron los 45.391, cuantificados en 2.121 millones de euros;_la mayoría, con «omisión de requisitos o trámites esenciales». Los expedientes sin fiscalización previa se elevaron a 12.370, por importe de 440 millones; y las comunicaciones de anomalías en materia de ingresos sumaron 2.229 envíos, por valor de otros 278 millones, sobre todo en impuestos locales.
Mención aparte merece el abuso que, según el Tribunal, se hace de la cuenta 555 para «Pagos pendientes de aplicación», que las entidades locales pueden habilitar en sus balances con el fin de registrar las salidas de fondos que, en el momento de su pago, se desconoce su origen y no se pueden identificar con un gasto concreto. Eso sí, la ley les obliga a hacer uso de ella solo «de forma excepcional y con carácter transitorio».
Sin embargo, en 2016 (último año estudiado) el saldo agregado de esa cuenta sumaba 760 millones de euros. El órgano fiscalizador estima que el 54% (410 millones) fueron pagos no imputados a presupuesto, ni tampoco contabilizados sus gastos. Advierte por ello de que no solo se estaría falseando de forma indirecta el remanente de tesorería (de superávit pasaría a déficit) y el saldo de acreedores, sino que también «puede afectar a la imagen fiel de la situación económico-financiera y de los resultados» de los entes (algunos ayuntamientos tienen cargos sin justificar desde 2007). Y eso, además de poder incurrir en responsabilidad contable.
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