El dispositivo legislativo crea un derecho para los asalariados y una obligación para las grandes empresas, la de regular el uso de las tecnologías de la comunicación (mensajerías y correos electrónicos o teléfonos móviles) para garantizar el respeto del tiempo de descanso y de las vacaciones.
El Ejecutivo estableció en el texto que adoptó el Parlamento en verano que la forma de hacerlo será por la negociación entre las partes, de forma que en las compañías de más de 50 empleados dirección y representantes de los trabajadores tendrán que discutir para llegar a un acuerdo que podrá tener validez uno o varios años.
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