La desaparición de los procuradores podría salir muy cara a las arcas públicas y, concretamente, al Ministerio de Justicia. El subsecretario de Estado de Justicia describe los problemas reales que puede implicar para su departamento la aprobación del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales en sus actuales términos. Los abogados también cuestionan la reforma, pero con mayor incidencia en la colegiación obligatoria. Señalan que las distinciones entre abogados dependiendo de la relación que mantengan con el empleador (laboral o mercantil) crea confusción porque, en una primera lectura, parece que sólo quedan fuera los abogados de empresa, pero se desconoce si, con el real decreto de 2006 que estableció la relación laboral de los abogados contratados por los despachos, también estos quedarían eximidos.
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