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Los departamentos jurídicos de prácticamente todos los bancos estudian las consecuencias de la sentencia del TS sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD)

El objetivo es litigar para evitar que sean los bancos los que tengan que hacerse cargo de este impuesto si al final el fallo se inclina por imponer el carácter retroactivo de esta tasa. Varias fuentes jurídicas de la banca argumentan que “no hay ningún país en el mundo en el que este impuesto lo asuma la banca. Pero su reclamo principal es una sentencia del Supremo del pasado 22 de noviembre de 2017. En esta ocasión, la misma sala del Supremo que ahora ha fallado que debe ser la banca la que tiene que hacerse cargo de este impuesto de AJD, decidió que era el cliente el que debía seguir asumiendo esta tasa.