La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de julio de 2015, además de recoger un análisis de lo que en el ámbito del Derecho de la Unión representan los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, recoge la cuestión de cual es el derecho a la deducción del IVA de operadores que no han cumplido con sus obligaciones de registro a efectos del impuesto.
Una vez más, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sacraliza el derecho a la deducción del IVA -más allá de las circunstancias concurrentes- en aras del principio de neutralidad que debe garantizar el correcto funcionamiento del impuesto.
La identificación a efectos del impuesto, al igual que la obligación del sujeto pasivo de declarar el comienzo, la modificación y el cese de sus actividades, no son en su opinión más que requisitos formales con fines de control, que no pueden poner en tela de juicio, en particular, el derecho a deducción del IVA cuando se cumplan los requisitos materiales que dan lugar a esos derechos.
Así, el hecho de sancionar la inobservancia por el sujeto pasivo de obligaciones de contabilidad y de declaración con la denegación del derecho a deducir va manifiestamente más allá de lo necesario para lograr el objetivo de asegurar la correcta ejecución de tales obligaciones, toda vez que el Derecho de la Unión no impide que los Estados miembros impongan, en su caso, una multa o una sanción pecuniaria proporcionada a la gravedad de la infracción. Dicha práctica va también más allá de lo necesario para garantizar la correcta recaudación del IVA y para evitar el fraude, ya que puede llevar incluso a la pérdida del derecho a deducir si la rectificación de la declaración por la autoridad fiscal tiene lugar una vez finalizado el plazo de caducidad del que dispone el sujeto pasivo para proceder a la deducción.
Por lo tanto, el aplazamiento de la aplicación del derecho a deducción del IVA hasta la presentación de una primera declaración de este impuesto por dicho sujetos pasivos por el único motivo de que no estaban registrados a efectos de IVA cuando efectuaron las operaciones sujetas al IVA, debiendo pagar estos últimos además el impuesto correspondiente, va más allá de lo necesario para garantizar la recaudación exacta del impuesto y evitar el fraude.
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