A pesar de las reformas laborales de 2010 y 2012, la proporción de despidos que son declarados procedentes por los juzgados de lo social en España no ha aumentado significativamente.
Este dato es relevante en la medida en que, al existir una amplia diferencia en el coste de los despidos dependiendo de si se declaran o no procedentes, el papel que juegan los tribunales se convierte en un factor crítico para las empresas. El efecto de aclarar o ampliar en la legislación laboral la definición de despido objetivo por causas económicas ha sido mínimo. Se está sobrevalorando el impacto real de las reformas laborales.
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