La creación en 2013 de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) ha permitido a la Agencia Tributaria aumentar las bases imponibles de las multinacionales con sede en España. Prueba de ello ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que señala que las empresas deberán facturar todos los ingresos procedentes de las ventas efectuadas en España a residentes, aunque los clientes adquieran sus productos por medio de sociedades o sitios web domiciliados en otros países. La sentencia refrenda los argumentos de la AEAT contra el modelo fiscal de la sociedad tecnológica Dell, a la que reclamó el pago de varios millones en concepto de ventas efectuadas en España entre 2000 y 2003. La batalla de Hacienda contra las multinacionales, sobre todo tecnológicas, que eluden el pago de impuestos en España comienza a fructificar, aunque los expertos advierten de que son prácticas difíciles de investigar ya que hay resquicios legales que permiten la planificación fiscal agresiva.
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