La actual situación de bloqueo político invita a pensar que no habrá Ejecutivo hasta el próximo ejercicio y que todas las comunidades estarán obligadas a bonificar el impuesto sobre el patrimonio a partir del 1 de enero de 2017. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se establecía la prórroga del tributo, con una modificación en el artículo 33 que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2017. Y eso supondrá un agujero de 937 millones en las arcas autonómicas, todavía muy dañadas por el impacto de seis años continuados de crisis. Canarias organiza un frente común regional.
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