La reforma fiscal no supondrá una rebaja de la carga tributaria que soportan las empresas. Al menos, así lo refleja una encuesta de PwC que recoge principalmente la opinión de empresarios y directivos. La mayoría vería con buenos ojos una rebaja de las cotizaciones sociales a cambio de un incremento de la fiscalidad indirecta. Una de las principales críticas del sector privado es la ausencia de seguridad jurídica y la complejidad del sistema tributario. Y, casi la mitad, sostiene que esta problemática aumentará. PwC justifica esta respuesta en el hecho de que “toda novedad legislativa comporta un desconocimiento inicial de la nueva regulación, y por lo tanto, una inseguridad jurídica añadida”.
El número total de posibles beneficiarios de la prestación para desempleados de larga duración se sitúa entre los 400.000 y los 450.000, según los cálculos que CC OO y UGT han presentado. Esto eleva el coste del nuevo programa a una cantidad que oscila entre los 1.000 y los 1.200 millones. Los perceptores cobrarán 426 euros al mes durante medio año. Para hacer atractiva la contratación de este colectivo a los empresarios, el desempleado que encuentre trabajo antes de concluir el programa seguirá cobrando la ayuda durante el tiempo restante y este dinero se descontará del salario. Es decir, si el sueldo es de 852 euros, los Servicios Públicos de Empleo pagarán la mitad (426 euros). En estos contratos, en principio, se podrá acumular esta ayuda sobre las bonificaciones de las cotizaciones sociales. No obstante, según explicaron los sindicalistas el texto definitivo fijará un tope máximo.
Los notarios españoles han descubierto 2.300 casos sospechosos de blanqueo relacionados con la constitución de sociedades limitadas desde 2006, según ha informado el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) en la presentación del Plan 2020. Los notarios de Europa consideran que la propuesta de la directiva de la Comisión Europea sobre Sociedad Limitada Unipersonal "debe ser reconsiderada" en lo que se refiere a la constitución on line de sociedades "sin ningún control preventivo de legalidad", según han informado a través de un comunicado.
El Pleno del Congreso reclamará al Ministerio de Empleo una revisión de la regulación de los contratos en prácticas y un incremento de las inspecciones laborales, para conseguir que esta modalidad de contratación conduzca a contratos estables y de calidad y para evitar casos de fraude. Así lo solicita el PP a través de una proposición no de ley que se someterá a debate de la Cámara Baja y que, gracias a su mayoría absoluta, tiene garantizada su aprobación. La intención es "vigilar muy atentamente que esta primera oportunidad de trabajo no vaya en detrimento de los derechos laborales" de los jóvenes, "convirtiéndose la puerta de acceso al mercado laboral en una situación de precariedad laboral permanente
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