La entidad llevó a cabo con cargo a las cuentas de 2016 una provisión de 577 millones para hacer frente a estas contingencias, tras la sentencia del Tribunal Europeo que fijó la retroactividad total en la nulidad de la cláusulas, una hucha que se ha ido agotando a lo largo del ejercicio pasado como consecuencia de los pagos realizados a través del proceso extrajudicial abierto por el Gobierno y por las sentencias judiciales condenatorias. El grupo simplemente se ha limitado a señalar que el impacto era el que se esperaba. Y nunca ha precisado los datos concretos. Ahora este efecto es mayor de los calculado, aunque sostiene que la dotación adicional que ha realizado "no es significativa".
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