Entró en vigor el 4 de agosto y hasta ahora solo ha llegado a 1.900. En este tiempo, los jóvenes han firmado más de tres millones de contratos; de formación apenas unos 14.000 y no todos podían acceder a la ayuda. El bajo uso de los contratos formativos es la primera causa del escaso éxito, a la que hay que añadir los criterios restrictivos.
También, el poco apoyo de sindicatos y empresarios porque creen que son “incentivos perversos” en la negociación colectiva.
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