La banca española aún tiene una tarea pendiente para adaptarse a la ley de prevención del blanqueo de capitales. Es un trámite en apariencia menor pero que se ha convertido en estas semanas en un quebradero de cabeza para el sector y al que deberá haber dado respuesta antes del próximo 30 de abril. Para esa fecha, todos los clientes –tanto personas físicas como jurídicas– deberán haber entregado a las entidades financieras con las que trabajen su documento de identidad para que sea escaneado y un justificante de su actividad económica. De lo contrario, y en cumplimiento con lo que recoge la ley, su banco se verá obligado a bloquear la cuenta, un extremo lo bastante persuasivo como para que el conjunto del sector se haya movilizado en este proceso de adaptación. La banca ha tenido cinco años de plazo para formalizar el trámite. Fuentes financieras estiman en alrededor de 80 millones el número de cuentas bancarias en España, de las que 50 millones corresponderían a clientes particulares. Y entre un 10% y un 15% de esa cantidad aún debe actualizar la documentación que debe manejar el banco, según estiman en el sector.
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