El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva para identificar abusos en los casos de trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la UE para prestar servicios y evitar que este sistema se convierta en una forma de dumping social. Los Estados miembros tienen ahora un plazo de dos años para incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales. Además, con el fin de evaluar si un trabajador está realmente desplazado, los Estados miembros comprobarán cuánto dura la prestación del servicio y la fecha en la que empieza el desplazamiento. Según el texto aprobado, la falta de un certificado "A1" de seguridad social podrá indicar que el desplazamiento no es lícito.
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